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El país centroamericano de Guatemala es uno de los 51 estados miembros que fundaron la Organización de las Naciones Unidas “ONU”; por lo anterior, este estado se encuentra comprometido con implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de dicha organización y, a su vez aplicar las sanciones financieras en materia de lavado de dinero.
La protección de los datos personales se ha convertido en una prioridad tanto para las empresas, como para los individuos de todo el mundo. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) establece un marco legal para garantizar que la información personal sea manejada de manera responsable y segura.
En el mundo actual, asegurar que una empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones es crucial, sin embargo, lograrlo no es tarea fácil. Lo anterior debido a que las reglas cambian constantemente y cada vez se vuelven más complejas, lo que puede dificultar que las empresas se mantengan al día. Además, implementar los programas de cumplimiento normativo puede encontrar resistencia dentro de la propia organización, ya sea por falta de conocimiento o por la renuencia al cambio.
El contexto político no solo ejerce influencia sobre quienes ocupan cargos públicos, sino también sobre un segmento menos visible pero igualmente importante de la sociedad: las personas expuestas políticamente. Este término abarca a individuos cuyas vidas están vinculadas al ámbito político debido a sus relaciones personales, laborales o familiares con figuras públicas o instituciones gubernamentales.

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En el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, Ecuador ha dado un paso significativo con la emisión de dos resoluciones clave por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Estas resoluciones, publicadas el 25 de marzo de 2024, buscan reforzar el marco regulatorio, asegurando una mayor transparencia y cumplimiento en las prácticas empresariales.
Más de 350 profesionales de cumplimiento de toda Latinoamérica, tanto del sector público como privado, se darán cita para el World Compliance Forum. Este evento en compliance, brinda la oportunidad de conocer las últimas novedades legislativas y herramientas innovadoras, además de proteger a las organizaciones contra el blanqueo de capitales, el fraude y otros delitos financieros.
El Informe 75 es más que un requisito es una herramienta para la gestión de riesgos y la ética empresarial. La importancia de cumplir con este no se trata de un simple trámite burocrático, sino de una herramienta fundamental para la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y la promoción de una cultura de transparencia y ética empresarial.
En un entorno empresarial cada vez más regulado y globalizado, la creación de una cultura de cumplimiento normativo y ética es fundamental para prevenir delitos como el lavado de dinero (LD), la financiación de terrorismo (FT), el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM), la corrupción, entre otros, al interior de las organizaciones; las cuales se ven enfrentadas a un entorno empresarial dinámico que enfrenta desafíos normativos cada vez más complejos.
La Ley 32054 de Perú introduce cambios importantes en dos pilares legislativos clave de este país. En primer lugar, modifica el artículo 105 del Código Penal, excluyendo a los partidos políticos de ciertas sanciones que se aplican a las personas jurídicas. Específicamente, la ley estipula que las medidas sancionadoras no serán obviadas por cambios en la razón social, la personería jurídica o la reorganización societaria, con una notable excepción para los partidos políticos.
El Oficial de Cumplimiento (OC) desempeña un papel esencial en cualquier organización al asegurar el cumplimiento de normativas y la integridad empresarial. De esta manera, su función abarca desde establecer una comunicación efectiva en todos los niveles de la empresa, hasta liderar estratégicamente la implementación de programas de cumplimiento.
Las empresas deben adoptar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial a más tardar el 31 de mayo del año siguiente al cumplimiento de los requisitos establecidos. Además, esta obligación se mantiene por hasta tres años después de que la empresa haya dejado de cumplir con dichos requisitos. Por su parte, las compañías obligadas deben informar a la Superintendencia de Sociedades sobre su condición de entidad obligada dentro de los 15 días hábiles posteriores al vencimiento de este plazo.
Según lo establecido en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, las empresas vigiladas deben cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI e implementar programas que incluyan políticas y procedimientos contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entre estas recomendaciones, las 18 y 22 destacan la importancia de contar con un oficial de cumplimiento encargado de diseñar, gestionar y supervisar los sistemas de gestión de riesgo como el SAGRILAFT.

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