En Chile, el sistema financiero no solo ampara operaciones lícitas, sino que también permite que delitos económicos prosperen bajo el amparo del secreto bancario. Si bien esta protección resguarda la privacidad, también facilita la corrupción y el crimen organizado, convirtiéndose en una barrera para la investigación de delitos financieros.
Ejemplos como el Caso Penta y el Caso SQM han demostrado lo difícil que resulta llevar a juicio a responsables de delitos de alta complejidad cuando el acceso a la información financiera está sujeto a demoras. En este contexto, organizaciones criminales como el Tren de Aragua también se benefician del sistema para operar con impunidad.
Actualmente, el Senado está tramitando un proyecto de ley sobre Inteligencia Financiera que permitiría acceder con mayor rapidez a la información bancaria en casos de sospecha fundamentada de delitos como el narcotráfico y el fraude financiero. Sin esta herramienta, perseguir a los responsables es un proceso ineficaz que solo beneficia a los criminales.
En 2024, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó otorgar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) la facultad de levantar el secreto bancario sin necesidad de autorización judicial. No obstante, la Comisión de Hacienda, dominada por sectores de derecha, eliminó esta atribución para la CMF mediante una indicación presentada por el senador Juan Antonio Coloma.
Esto genera dudas sobre si la decisión fue una represalia por las investigaciones del caso Hermosilla, Chadwick, Sour y Jalaff. La postura de sectores conservadores, encabezados por figuras como Evelyn Matthei y respaldados por la UDI, parece priorizar intereses particulares en lugar del bienestar común.
El acceso oportuno a información bancaria en investigaciones de delitos graves es fundamental para desarticular redes criminales, recuperar activos ilícitos y evitar futuras operaciones fraudulentas. La UAF solo revisaría cuentas con sospecha fundada y manejaría la información con estricta confidencialidad, eliminándola si no es relevante.
El caso de Perú es un ejemplo exitoso de esta política: su Unidad de Inteligencia Financiera puede acceder a datos bancarios sin autorización judicial en investigaciones por lavado de dinero, lo que ha permitido desmantelar redes delictivas sin vulnerar derechos fundamentales.
Resulta preocupante que algunos sectores políticos sigan bloqueando estas iniciativas con argumentos que solo perpetúan la impunidad. Mantener el secreto bancario en casos de crimen organizado y delitos financieros es una estrategia que solo favorece a los poderosos, dejando a la ciudadanía expuesta a sus consecuencias.
Es hora de que Chile deje de ser un refugio para el lavado de dinero y el fraude financiero. La transparencia debe ser una prioridad en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Por ello, el levantamiento del secreto bancario en situaciones de investigación justificada no es un capricho, sino una necesidad impostergable.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
