El gobierno de Trump revocó dos leyes fundamentales en Estados Unidos: la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), diseñada para frenar el lavado de dinero mediante compañías ficticias, y la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que sanciona los sobornos en el comercio internacional. Asimismo, desmanteló unidades especializadas del Departamento de Justicia encargadas de investigar la corrupción en el extranjero y planeó fuertes recortes en la unidad que combate la corrupción dentro del país.
La justificación oficial de estas medidas es que las normativas imponían trámites excesivos a las empresas y afectaban su competitividad. Sin embargo, este giro contradice la retórica de mano dura de Trump contra el crimen organizado. Estados Unidos, considerado un epicentro financiero global, procesa alrededor de 300.000 millones de dólares anuales en lavado de dinero, según el Departamento del Tesoro, lo que refuerza la preocupación sobre los efectos de estas decisiones.
Empresas fachada sin restricciones Uno de los cambios más significativos ha sido el debilitamiento de la CTA, lo que facilita que organizaciones criminales continúen ocultando activos mediante empresas pantalla en Estados Unidos sin temor a ser rastreadas. Aunque no hay cifras exactas sobre el volumen de dinero blanqueado por este método, analistas coinciden en que es una estrategia crucial para redes delictivas, especialmente en América Latina.
La mayoría de los estados estadounidenses no exigen información sobre los propietarios reales de las empresas, lo que facilita su uso como vehículos de lavado de dinero. La CTA buscaba corregir esta deficiencia obligando a las compañías a revelar su estructura de propiedad ante el gobierno federal. No obstante, el Departamento del Tesoro anunció el 21 de marzo que no aplicaría estos requisitos a empresas y ciudadanos estadounidenses.
Grupos de transparencia y lucha contra el crimen financiero han calificado esta decisión como un grave retroceso en la regulación de flujos financieros ilícitos y un obstáculo en la lucha contra la corrupción global.
Retroceso en la lucha anticorrupción Además de debilitar la CTA, Trump ordenó la suspensión por 180 días de la FCPA, con el argumento de que se necesita una nueva guía de cumplimiento centrada en fortalecer la competitividad de las empresas estadounidenses. Esta ley, vigente desde 1977, ha sido una herramienta clave para sancionar sobornos pagados en el extranjero. América Latina y el Caribe han sido foco de múltiples investigaciones bajo esta normativa, abarcando el 44% de los casos registrados.
Empresas estadounidenses y multinacionales han sido multadas por violaciones a la FCPA, incluyendo Walmart y la firma de residuos Stericycle. Uno de los casos más sonados fue el de la constructora brasileña Odebrecht, que pagó una multa récord de 3.500 millones de dólares tras revelarse su masiva red de sobornos en diversos países.
La suspensión de la FCPA ha generado debate entre expertos. Mientras que economistas señalan que podría alentar la corrupción, algunos abogados argumentan que existen otras regulaciones que aún penalizan este tipo de prácticas.
Eliminación de unidades anticorrupción El gobierno de Trump también ordenó la disolución de unidades especializadas del Departamento de Justicia que investigaban la corrupción internacional. La fiscal general, Pam Bondi, emitió un memorando el 5 de febrero ordenando la eliminación de los equipos encargados de perseguir a funcionarios corruptos en el extranjero.
Durante el primer mandato de Trump, estos grupos trabajaron con países de América Latina y el Caribe para desmantelar esquemas de corrupción, logrando condenas y sanciones en países como Honduras, Panamá y Perú. Sin embargo, la nueva directriz ordena enfocarse exclusivamente en organizaciones criminales transnacionales, sin especificar si se incluirán redes de corrupción de alto nivel.
Medios estadounidenses también han reportado que el Departamento de Justicia planea recortar fondos para su unidad de integridad pública, encargada de investigar corrupción interna. Este grupo ha procesado a altos funcionarios por recibir sobornos de entidades extranjeras, como el congresista Henry Cuellar, acusado de aceptar pagos de un banco mexicano a cambio de favores políticos.
En conjunto, estas medidas han generado preocupación entre analistas y defensores de la lucha anticorrupción, quienes advierten que la falta de regulaciones podría facilitar el crecimiento de esquemas ilícitos con repercusiones a nivel global.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
