El fallo se produjo en un acuerdo abreviado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Córdoba. Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de más de 20 propiedades en Córdoba y Villa María. Una de estas propiedades será utilizada como la nueva sede de la Fiscalía Federal de Villa María, en preparación para la implementación del sistema acusatorio en las provincias.
Fernando Santiago Ateca y Jorge Héctor Sufe recibieron una pena de 3 años de prisión condicional por ser miembros de la asociación ilícita, así como por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. Ateca también fue condenado por evasión tributaria simple. Miguel Alberto Álvarez recibió la misma pena de 3 años, siendo también condenado por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos como partícipe necesario.
Delfín Armando Polack, Richard Eduardo Grenat, María Eugenia Tabares y Carlos Alberto Giovanardi fueron condenados a 2 años y 4 meses de prisión condicional por su rol como cómplices secundarios en los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, así como partícipes necesarios en la intermediación financiera no autorizada. Los acusados Franco Arce, Fabio Darío Machado y Silvia Marcela Della Rosa fueron absueltos.
Como parte del acuerdo, los condenados deberán pagar un total de 500 mil dólares: Fernando Ateca aportará 240 mil dólares; Jorge Sufe, 120 mil dólares; Miguel Álvarez, 90 mil dólares; y Delfín Polack, 35 mil dólares. Tabares, Giovanardi y Grenat aportarán 5 mil dólares cada uno.
La investigación reveló que la organización utilizó empresas en Villa María y James Craik para cometer una variedad de delitos financieros y tributarios, como intermediación financiera no autorizada, compra y venta de divisas, y préstamos sin autorización del Banco Central. Utilizaron una estructura mutualista para evadir impuestos y lavar el dinero obtenido ilegalmente mediante la compra de inmuebles.
Ateca y Sufe desempeñaron roles clave en la organización, coordinando las actividades ilícitas junto con los contadores Giovanardi y Álvarez, quienes proporcionaron asesoramiento para dar apariencia de legalidad. Los miembros de la organización utilizaron diversas sociedades y empresas para llevar a cabo sus actividades delictivas.
Fuente y créditos
Fiscales.gob
