Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), advierte que cualquier actividad, empresa o profesión puede ser utilizada para este tipo de delitos, sin importar si está catalogada como sujeto obligado o no.
En una entrevista con elDinero, Guzmán Coste explicó que la clasificación de una empresa o actividad como sujeto obligado se determina a través de un proceso de evaluación. Aunque se han logrado avances en el control de actividades y profesiones no financieras (APNFD) desde 2017, reconoció que aún queda mucho por hacer.
Entre los sectores con mayor vulnerabilidad ante estas prácticas ilícitas, mencionó a los casinos, constructoras, concesionarios de vehículos y, en menor medida, abogados, contadores y notarios.
La funcionaria también destacó el impacto creciente del lavado de dinero en las autoridades y el sector privado, señalando los desafíos que representan las nuevas tecnologías. En 2023, la UAF recibió más de 6,000 reportes de operaciones sospechosas (ROS), reflejando la magnitud del problema en el país.
Sobre los reportes de actividades sospechosas (RAS) de 2024, mencionó que aún están en proceso. Sin embargo, adelantó que las actividades más propensas a este delito siguen siendo aquellas asociadas a sujetos no financieros que reportan directamente a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). No obstante, aclaró que, debido a la madurez del sector financiero, la mayor parte del volumen de casos sigue concentrándose en la banca, valores y seguros.
Guzmán Coste destacó que la expansión del universo de sujetos obligados no financieros ha sido impulsada por una mayor educación sobre la prevención del lavado de activos. Mencionó que han observado un incremento en la calidad de los reportes recibidos, especialmente en el sector construcción, aunque aún falta camino por recorrer.
Aclaró que la inclusión de una actividad económica dentro de los sujetos obligados se basa en un análisis detallado que evalúa su nivel de riesgo y susceptibilidad para ser utilizada en actividades ilícitas.
Para este año, la UAF centrará sus esfuerzos en consolidar las relaciones interinstitucionales y actualizar los estándares en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT), particularmente en lo referente a las recomendaciones 15 y 8.
En este sentido, la funcionaria anunció un proyecto en conjunto con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para fortalecer el cumplimiento de las medidas establecidas en 2018 sobre las asociaciones sin fines de lucro.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
