La decisión revierte el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, que había levantado la prohibición de innovar sobre los bienes de la empresa. El tribunal de Casación, integrado por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, respaldó el pedido de la UIF, mientras que el magistrado Carlos Mahiques consideró inadmisible el recurso.
El caso involucra obras públicas adjudicadas en 2007, como las plantas de tratamiento Paraná de las Palmas y Sistema Berazategui, realizadas por consorcios de empresas que incluían a José Cartellone Construcciones Civiles S.A. Según las investigaciones, las adjudicaciones habrían sido manipuladas para favorecer a las compañías a cambio de sobornos. Entre los imputados figura el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, junto a exejecutivos de las empresas implicadas.
El levantamiento de la prohibición de innovar había sido justificado por el TOC 7 bajo el argumento de que el embargo sobre el patrimonio de la firma ya se había cubierto con bienes inmuebles. Sin embargo, la UIF apeló, señalando que las condiciones iniciales que motivaron la medida cautelar no habían cambiado.
El juez Hornos consideró que el fallo anterior carecía de fundamentación suficiente, al no analizar adecuadamente los puntos presentados por la acusación. Por su parte, Borinsky recordó que las medidas cautelares buscan garantizar posibles penas pecuniarias, indemnizaciones o decomisos, y enfatizó que la resolución del tribunal de primera instancia no justificó cómo el embargo sustituía la necesidad de la prohibición de innovar.
Esta medida cautelar asegura que la empresa no pueda realizar movimientos que alteren su situación patrimonial o jurídica, resguardando los fines del proceso penal.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
