El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), logró en audiencia inicial que se dictara auto de formal procesamiento contra cuatro personas acusadas de participar en supuestas compras fraudulentas de medicamentos, insumos médicos, equipos quirúrgicos y de laboratorio. Este caso ha resultado en un presunto perjuicio al Estado de Honduras por más de 224 millones de lempiras (L. 224,994,921.30).
El Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, ordenó arresto domiciliario para Arturo Bendaña Pinel, imputado por dos delitos de fraude y dos de prevaricato administrativo.
Por otro lado, Nelson Geovany Alvarenga Rodríguez y Vanessa María Urbizo Escobar, acusados como cooperadores necesarios en el delito de fraude, y Carlos Octavio Rivas Sánchez, imputado por violación de los deberes de los funcionarios, recibieron medidas cautelares alternativas a la prisión, conforme al artículo 173 en sus numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Estas medidas incluyen la vigilancia bajo custodia de una persona designada por el juez, comparecencias periódicas ante la autoridad judicial y la prohibición de salir del país, entre otras.
De acuerdo con las investigaciones, entre 2010 y 2012, exfuncionarios y empresarios habrían utilizado contratos irregulares, licitaciones fraudulentas y una figura ficticia denominada «extrafinanciamiento» (similar a la adquisición de tarjetas de crédito) para llevar a cabo delitos que afectaron la salud pública de Honduras.
Los implicados en este caso son: Arturo Bendaña Pinel (exministro de Salud), Miguel Ernesto Flores Cisneros, Moisés Torres López, Vinicio David Monterrosa Sierra, Roberto Carlos Meza Figueroa, Vanessa María Urbizo Escobar, Nelson Geovanny Alvarenga Rodríguez, Reynaldo Leiva Suazo y Carlos Octavio Rivas Sánchez.
Fuente y créditos
Ministerio Público de Honduras
