El procesamiento incluye a los exagentes Miguel Ángel Barahona Gutiérrez, Sergio Oscar Barrera Romero, Ángel Gustavo Bastías, Francisco Edgardo Bullones Prudencio, Néstor Ramón Falcón, Jorge Aníbal Flores Bizaguirre, Rubén Mauricio Funes Gianuzzo, Oscar Orlando Giuliano, Alberto Narciso Gordillo, Felipe Gerardo Machuca, Norberto Ernesto Mercado, Samuel Morales Valladares, Miguel Ángel Muñoz Gil, Manuel Antonio Nañez, Rolando Antonio Olarte Rivera, Jacinto Salvador Olmedo, Juan Carlos Sarandon y José Alberto Vega, junto al exjuez Enrique Antonio Jesús Knoll Oberti. Todos ellos enfrentan cargos bajo el artículo 142 ter del Código Penal por su presunta participación en la desaparición de las víctimas.
Garrido y Baigorria fueron vistos por última vez con vida, golpeados, en los calabozos de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza el 28 de abril de 1990. El Estado argentino admitió su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1996. Desde entonces, la Corte IDH ha supervisado el caso debido a la falta de progreso en la investigación y la ausencia de los restos de las víctimas.
El caso comenzó en el fuero provincial y fue transferido al ámbito federal en 2017 tras una solicitud de la organización local de derechos humanos “Xumek”. La Fiscalía Federal N°2, encabezada por Fernando Alcaraz, asumió la investigación, realizando una exhaustiva revisión de la documentación y testimonios. A pesar de los esfuerzos, muchos testigos resultaron difíciles de localizar.
Este desarrollo representa un avance importante tanto en el ámbito judicial argentino como en el internacional. La Corte IDH ha sido parte activa en el seguimiento del caso, y el Programa Nacional de Recompensas ofrece 5 millones de pesos a quienes proporcionen información sobre el paradero de los restos de Garrido y Baigorria.
Fuente y créditos
Fiscales.gob
