El procedimiento, ordenado por el juez federal de Azul Gabriel Di Giulio, en coordinación con la fiscalía a cargo de Santiago Eyherabide y la querella liderada por el abogado Juan Ignacio Pascual, permitió el secuestro de documentos relacionados con Bakota SA, una sociedad que habría sido utilizado para desviar los ingresos obtenidos por su hijo, el extenista profesional Guillermo Pérez Roldán, durante su carrera.
El operativo, realizado a instancias de la querella, tenía como objetivo principal corroborar cómo se llevó a cabo la administración y desvío de los recursos económicos del deportista. Entre los documentos incautados figuran libros contables y otros registros que ahora están siendo analizados por los investigadores.
En su denuncia, presentada en 2021, Guillermo Pérez Roldán reveló los abusos físicos, psicológicos y económicos que sufrió a manos de su padre desde temprana edad. Según su testimonio, Raúl Pérez Roldán controlaba estrictamente su entrenamiento deportivo, recurriendo a castigos violentos cuando no cumplía con sus expectativas. Entre las agresiones denunciadas se encuentran golpizas con cinturones, palos y toallas mojadas, así como humillaciones severas, incluyendo un episodio donde le sumergió la cabeza en un inodoro tras perder un partido.
El extenista también señaló que las ganancias económicas generadas por su carrera fueron manejadas discrecionalmente por su padre, quien habría desviado el dinero hacia cuentas en bancos internacionales, como INDOSUEZ en Montecarlo y otros en Suiza. Además, una parte de los fondos habría sido utilizada para adquirir propiedades en la provincia de Buenos Aires a través de Bakota SA.
La investigación se apoya en información confidencial recibida desde el exterior, la cual avalaría las denuncias sobre el envío de fondos. Inicialmente, la fiscalía solicitó una orden de presentación para obtener los documentos relacionados con Bakota SA, pero la querella se opuso, argumentando que la medida debía realizarse como un allanamiento dado que el acusado no podría colaborar voluntariamente.
El juez Di Giulio respaldó la solicitud de la querella, destacando que era necesario asegurar la recolección de evidencias sin depender de la voluntad del imputado. La documentación obtenida en el allanamiento ya está siendo revisada, y se estima que el perjuicio económico para el extenista podría ascender a 5 millones de dólares.
Este caso continúa avanzando en los tribunales y podría establecer un precedente en la protección de los derechos de los jóvenes deportistas sometidos a situaciones de abuso y explotación
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