La Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada ha puesto en marcha una nueva investigación sobre un posible caso de tráfico ilícito de combustibles, centrada en exgerentes de la empresa estatal Petroecuador y varias empresas locales e internacionales. Esta indagación, similar al caso «Triple A», abarca actividades relacionadas con el almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de combustibles, gas licuado de petróleo (GLP) y biocombustibles.
Entre los principales implicados se encuentran Ítalo Cedeño Cedeño y Reinaldo Armijos Del Hierro, quienes ocuparon cargos de gerencia en Petroecuador durante los años 2022 y 2023, respectivamente. El 26 de septiembre de 2024, la Fiscalía solicitó al Registro Civil de Guayaquil datos biométricos, información personal y fichas dactiloscópicas de 37 personas involucradas, entre ellas Cedeño y Armijos.
Además, la investigación también incluye la petición de información financiera al Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, así como la revisión de registros tributarios de las 19 empresas implicadas, algunas de las cuales tienen sede en Ecuador y Costa Rica.
Las compañías investigadas están relacionadas con sectores como el transporte y distribución de combustibles, construcción de infraestructura industrial, actividades portuarias y bienes raíces. Entre las empresas señaladas figuran Oceanbat, Vepamil y Hormigones Comerciales Hormicon, junto con firmas costarricenses como Global Shareholdings SA e Hispana Holdings SA
Varios de los investigados ya han enfrentado procesos judiciales por delitos como distribución ilegal de combustibles, fraude fiscal, falsificación de documentos y suplantación de identidad. Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas causas ha terminado en condenas firmes.
El caso también tiene implicaciones internacionales, dado que algunos de los implicados, como Alfonso Romero Prado, accionista de Vepamil y Hormicon, mantienen vínculos con empresas en Costa Rica. La investigación se ha ampliado para abarcar las actividades de su hermano, Diego Alejandro Romero Prado, asociado a empresas también bajo indagación, como Oceanbat.
El 24 de septiembre, Romero Prado y Leonardo José Salame Carvajal fueron denunciados por actividades ilegales relacionadas con la comercialización y distribución de productos derivados de hidrocarburos. Asimismo, otros personajes destacados en el caso, como Bartolomé Polivio Saldarriaga Santos y María Luisa Bracco Vera, han sido previamente investigados por delitos fiscales y suplantación de identidad.
Fuente y créditos
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