Mediante la Resolución 192/2024, la UIF busca fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La normativa introduce ajustes en la definición y manejo de las PEP, así como en las obligaciones de los sujetos obligados a reportar actividades sospechosas, con el objetivo de reforzar la prevención de riesgos en el sistema financiero.
¿Qué establece la nueva normativa sobre las PEP?
Las PEP son personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, tanto a nivel nacional como internacional, con un riesgo potencial de involucrarse en actividades ilícitas debido a su posición de poder.
Con la Resolución 192/2024, Argentina amplía y precisa las categorías de PEP, clasificándolas en:
- PEP extranjeras: Altos funcionarios públicos de otros países, como presidentes, legisladores, embajadores, militares de alto rango y directivos de empresas estatales.
- PEP nacionales: Funcionarios de alto nivel en el gobierno nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo al presidente, gobernadores, intendentes, legisladores y miembros del Poder Judicial.
- Otros PEP: Líderes de partidos políticos, sindicatos, obras sociales y organizaciones privadas con gestión de fondos públicos.
- Parientes y allegados: Familiares directos y socios cercanos de las PEP, como cónyuges, convivientes, hijos, padres y hermanos.
Requisitos para entidades financieras y no financieras
Las instituciones sujetas a reportar a la UIF, como bancos, aseguradoras y notarías, deberán implementar controles más estrictos para identificar riesgos relacionados con las PEP. Entre las nuevas medidas destacan:
- Solicitar declaraciones juradas al inicio de relaciones contractuales y actualizarlas en caso de cambios en la condición de PEP.
- Identificar si los beneficiarios finales de los servicios ofrecidos también son PEP.
- Permitir que las declaraciones juradas se realicen de forma presencial o digital, asegurando la documentación correspondiente.
La condición de PEP se mantiene durante el ejercicio del cargo y hasta dos años después. En el caso de familiares o allegados, esta condición se extiende por el mismo período. Las personas pueden informar a las instituciones financieras el cese de su condición, para lo cual la entidad evaluará la información presentada.
La importancia de esta actualización.
Este refuerzo regulatorio es parte de los esfuerzos de Argentina para alinear su sistema financiero a los estándares del GAFI, organización a la que pertenece desde el año 2000. Asimismo, responde a las recomendaciones de la cuarta evaluación del GAFI, que destacó la necesidad de un Enfoque más riguroso basado en riesgos.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
