El fallo del ministro Sergio Troncoso Espinoza destaca la condena a presidio perpetuo de dos oficiales retirados del Ejército chileno, Conrado García Giaier y Pedro Collado Martí, por delitos de lesa humanidad ocurridos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 en las localidades de Iquique y Pisagua. La sentencia incluye la inhabilitación perpetua para cargos públicos y derechos políticos, además de indemnizaciones civiles por daño moral a las víctimas.
El tribunal determinó que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, señalando que su penalización es obligatoria bajo normas internacionales de ius cogens, que excluyen la aplicación de amnistías. Entre las víctimas figuran personas detenidas arbitrariamente por su afiliación política, sometidas a torturas y ejecuciones en un contexto de represión sistemática.
El fallo también establece detalles sobre las condiciones de detención y tortura en el Regimiento de Telecomunicaciones y el Campo de Prisioneros de Pisagua, bajo las órdenes de altos mandos militares. A pesar de algunas absoluciones específicas, el fallo confirma la responsabilidad del Estado chileno en la reparación civil, ordenando el pago de $2.100 millones en indemnizaciones a los demandantes.
Esta decisión refleja el compromiso judicial chileno con el respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones sistemáticas durante la dictadura militar.
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