A cinco meses de finalizar el mandato de los primeros miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), OjoPúblico reveló que el Pleno de esta entidad ha ratificado 59 resoluciones controvertidas del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Estas decisiones, que incluyen nombramientos, ratificaciones y procesos disciplinarios de 62 jueces y fiscales, fueron tomadas por exconsejeros destituidos debido a sus vínculos con la red Los Cuellos Blancos. A pesar de que una comisión investigadora de la JNJ advirtió sobre estas irregularidades, el Pleno decidió archivar los casos por mayoría de votos.
Han pasado seis años desde que se descubrió el mayor caso de corrupción en el sistema judicial peruano, conocido como Los Cuellos Blancos, y la impunidad sigue prevaleciendo. Aunque los principales actores de esta red, que incluía a exmagistrados del Poder Judicial, integrantes del CNM y fiscales supremos, fueron grabados negociando favores a cambio de beneficios personales, la Fiscalía aún no ha presentado una acusación formal y no se ha identificado a todos los involucrados.
En el ámbito administrativo, la situación no es mejor. A pesar de que la JNJ destituyó a los principales cabecillas de la organización, no se han logrado avances significativos en la identificación y sanción de otros jueces y fiscales implicados.
En 2018, tras la divulgación de los audios y la creación de la JNJ, el Congreso le asignó a esta entidad la responsabilidad de revisar todos los actos administrativos del último CNM, es decir, las decisiones tomadas entre el 2 de marzo de 2015 y el 21 de julio de 2018. El objetivo era detectar irregularidades en nombramientos, ratificaciones y procedimientos disciplinarios realizados por los exconsejeros. Se le encomendó la revisión de 2.376 expedientes a través de dos instancias: la Comisión Especial de Revisión de Actos del CNM (CERA) y el Pleno de la JNJ.
De los expedientes revisados, la CERA abrió un proceso de revisión para 411 casos, representando el 17% del total. Hasta el 11 de julio pasado, la JNJ solo había emitido resoluciones finales en 100 de estos expedientes. A través de la Ley de Transparencia, OjoPúblico accedió a estos documentos con resolución final.
Al analizar esta información, se encontró que 59 de los expedientes con anomalías detectadas por la CERA fueron archivados por el Pleno de la JNJ, lo que evitó que se declarara la nulidad de las decisiones. Estos casos involucraban nombramientos, ratificaciones y procesos disciplinarios de 62 jueces y fiscales realizados por el CNM.
Entre las irregularidades identificadas por los instructores de la comisión especial, Inés Tello de Ñecco, Antonio de la Haza Barrantes y Henry Ávila Herrera, destacan el otorgamiento de puntajes elevados en entrevistas personales a ciertos candidatos, a pesar de no haber respondido preguntas o haber recibido ayuda para hacerlo. También se encontraron casos en los que los exconsejeros del CNM omitieron analizar investigaciones o procesos sancionatorios contra los postulantes.
Además, la CERA descubrió que algunos jueces y fiscales fueron ratificados mediante una modalidad especial creada por los exconsejeros, que no requería una entrevista personal, permitiendo votaciones subjetivas sin supervisión. También se detectó que los exconsejeros del CNM exoneraron a cinco jueces supremos, entre ellos César Hinostroza Pariachi, de un proceso disciplinario, mediante una resolución con argumentos inconsistentes.
El exfiscal supremo provisional Víctor Cubas Villanueva criticó la falta de diligencia de la JNJ en su tarea, señalando que muchos de sus miembros no conocían el sistema de justicia y no querían comprometerse con la revisión. Según Cubas, si la JNJ hubiera cumplido su objetivo, se habría realizado una limpieza en el sistema judicial.
La Comisión Especial de Revisión de Actos del CNM fue creada en enero de 2020, con el fin de investigar los expedientes del último CNM, integrado por los exconsejeros destituidos Iván Noguera Ramos, Guido Águila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites. Un mes después, se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Revisión Especial de Nombramientos, Ratificaciones, Evaluaciones y Procedimientos Disciplinarios.
Entre 2020 y 2021, la comisión estuvo conformada por Inés Tello de Ñecco, María Zavala Valladares y Henry Ávila Herrera, siendo este último reemplazado por Antonio de la Haza Barrantes en 2022. El proceso de revisión incluye la elaboración de informes en dos instancias: uno por las oficinas técnicas, que es analizado por el Pleno para decidir si se abre o no la revisión formal por parte de la CERA, y otro por un magistrado de esta comisión, quien asume la investigación y elabora el segundo informe. Finalmente, este documento con recomendaciones es votado en el Pleno de la JNJ, que decide si se anula la resolución del CNM o se archiva el caso.
Hasta el 11 de julio, solo 100 expedientes revisados por la CERA contaban con una resolución final del Pleno de la JNJ. De estos, en 59 se habían identificado irregularidades, pero el Pleno decidió archivar los casos por voto mayoritario. Los magistrados que más se opusieron a anular las resoluciones del CNM fueron Aldo Vásquez Ríos, Imelda Tumialán Pinto, Guillermo Thornberry Villarán y Antonio de la Haza Barrantes.
El exfiscal anticorrupción Martín Salas Zegarra también cuestionó el trabajo de la JNJ, señalando que nombró a Patricia Benavides como fiscal suprema en un proceso irregular y que no ha realizado un trabajo adecuado. Además, mencionó que la JNJ permitió la prescripción de un proceso contra Víctor Rodríguez Monteza, exfiscal supremo vinculado a Los Cuellos Blancos.
Fuente y créditos
Ojo Público
