El juez federal Adrián González Charbay, del Juzgado Federal de Zárate-Campana, lidera la investigación que busca esclarecer si el funcionario favoreció a empresas alegadas mediante licitaciones irregulares. Dichos contratos habrían permitido a ciertos empresarios acceder a sumas millonarias fuera del marco legal establecido para proveedores del Estado.
Por otro lado, la Fiscalía de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, también investiga al ministro en un expediente paralelo. Según las denuncias, D’Onofrio sería parte de un esquema en el que gestores ofrecían a infractores la eliminación de multas de tránsito a cambio de un porcentaje del valor de dichas sanciones.
El esquema para anular multas implicaba un cobro equivalente al 30 % de la sanción original, generando importantes pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia. Este fraude habría impactado las finanzas de la firma, que reportó pérdidas mensuales estimadas entre 4 y 10 millones de dólares.
La investigación incluye a Claudia Pombo, la exconcejala de Pilar y la pareja del ministro D’Onofrio. Según se sospecha, ella coordinaba las acciones de los gestores que manipulaban el sistema de multas. Por estas acusaciones, Pombo fue destituida de su cargo como presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, función que desempeñaba desde el año 2020.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
