Nuevas pruebas sobre varios delitos llevaron a la Tercera Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada a extender la investigación a Agustín Lozano, presidente de la Federación de Fútbol, ya miembros de su junta directiva como presuntos cómplices de lavado de dinero.
El 8 de julio, el fiscal Juan Orihuela Legonia recopiló otros casos penales que incluyen cargos de extorsión, coacción y fraude en perjuicio del Estado, del Instituto Peruano del Deporte y del club Alianza Lima.
Una de las hipótesis del Ministerio Público es la «generación de actividades de adquisición de bienes como el Club Piratas FC, utilizando testaferros», así como la cesión de derechos televisivos a la empresa 1190 «sin haber finalizado el proceso de licitación pública que estaba en curso».
Otro hecho comprometedor es el aporte a clubes de las ligas 1 y 2, que luego se habrían transferido a cuentas bancarias personales de dirigentes de la FPF. “Regresaban a las arcas” para la construcción y compra de inmuebles, según se indica.
De acuerdo a informes de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y un estudio contable financiero, los miembros de la junta directiva «no cumplieron con informar sobre los resultados de los movimientos económicos de los años 2019, 2020, 2021 y 2022».
Una línea de investigación es que Lozano afirmó que la Villa del Juan Pablo College se construyó en un terreno suyo, adquirido en 2007 con «dinero lícito y bancarizado». Sin embargo, allí se han realizado obras en 2019, cuando ya era el máximo dirigente del fútbol peruano.
Por ello, se ha programado una diligencia para la verificación y declaración del presidente del club Juan Pablo II, que la Sunarp informe de las partidas al respecto, al igual que los notarios implicados, Cofopri, el Ministerio de Desarrollo Agrario, la Superintendencia del Mercado de Valores, e Infocorp, entre otros. También se ampliará la pericia contable.
Fuente y créditos
Diario Expreso
