Los ingresos generados por estas operaciones, conocidas en Filipinas como POGO, resultan insuficientes ante las «consecuencias negativas como el aumento de la delincuencia, la inestabilidad social y la explotación de personas vulnerables», según el comunicado emitido por la Oficina de Comunicación de la Presidencia. .
Casos de lavado de dinero, fraudes en línea y nexos con grupos delictivos filipinos y extranjeros han convertido estos casinos en línea en un obstáculo para la imagen de Filipinas como un destino seguro y sostenible para la inversión y el turismo.
Marcos, quien ya había anticipado la medida en julio, firmó hoy un decreto que prohíbe la actividad de estos casinos virtuales, orientados principalmente al público chino y legalizados en 2016 durante la presidencia de Rodrigo Duterte. Según la nueva normativa, los POGO deben cesar sus operaciones antes del 31 de diciembre.
En su momento, el medio filipino Rappler informó que estos negocios empleaban a unas 41.800 personas, de las cuales un 18% eran ciudadanos chinos, y que en 2019 generaron alrededor de 104.000 millones de pesos filipinos (equivalentes a 1.780 millones de dólares o 1.630 millones de euros) para la economía local.
Desde julio, las autoridades han realizado operativos en estos casinos en línea sospechosos de albergar actividades ilícitas. El 4 de octubre, más de 250 personas fueron detenidas en un centro sospechoso de realizar estafas de romance en línea. En junio de este año, otras 2,700 personas, víctimas de trabajo forzado, fueron rescatadas en una de las mayores operaciones policiales recientes.
Durante su administración, Duterte (2016-2022) se resistió a cerrar estas operaciones debido a los ingresos económicos que generaban para el país.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
