La Acusación detallada que entre junio de 2019 y abril de 2020, Rivera implementó un esquema para ofrecer servicios de consultoría y cabildeo a Gorrín, sancionado en enero de 2019 por el Departamento del Tesoro de EE.UU. y señalados por cargos criminales relacionados con corrupción.
El excongresista habría accionado como un agente no registrado de Gorrín, recibiendo más de 5 millones de dólares a cambio de sus esfuerzos por influir en funcionarios del Gobierno estadounidense y ocultar el origen ilícito de los fondos.
Raúl Gorrín, propietario del canal venezolano Globovisión y de 56 años, fue incluido en 2019 en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Según la Fiscalía, Rivera intentó interceder ante altos funcionarios estadounidenses, incluido un miembro del Poder Ejecutivo no identificado, para eliminar al empresario venezolano de la Lista SDN.
Además, Rivera creó múltiples empresas fantasma para encubrir sus actividades ilegales y aparenter legitimidad, utilizando nombres de terceros, como un bufete de abogados y un funcionario gubernamental, sin su conocimiento ni consentimiento. Estas entidades también se emplearon para realizar pagos a personas que colaboraron en sus gestiones a favor de Gorrín.
La Fiscalía destaca que Rivera recibió más de 5,5 millones de dólares por estas acciones y nunca se registró bajo FARA, como exige la legislación.
En paralelo, Raúl Gorrín enfrenta cargos en Estados Unidos por lavado de 1,2 millones de dólares relacionados con operaciones corruptas en Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), mediante pagos de sobornos a funcionarios venezolanos. Estos se suman a las acusaciones de 2017, que incluyen conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y Múltiples cargos por lavado de dinero.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
