Desde su cargo, Rubio ha supervisado la investigación de fondos ilícitos asociados a los Kirchner y su círculo cercano. Su enfoque incluye no solo la posible corrupción, sino también la influencia de grupos terroristas en la región, una preocupación que ya había sido señalada en 2013 cuando el fiscal Nisman fue invitado a exponer sobre la presencia de Hezbollah en América del Sur (Bonner, 2015). Sin embargo, la negativa de la procuradora Alejandra Gils Carbó a permitir su viaje a Washington despertó dudas sobre la disposición del gobierno argentino para colaborar con investigaciones internacionales.
Uno de los ejes de esta trama es el caso de enriquecimiento ilícito de los Kirchner, denunciado en 2013 por el Dr. Ricardo Monner Sans. La acusación señalaba que el patrimonio del matrimonio presidencial había crecido de manera desproporcionada, pasando de seis millones de dólares en 2003 a más de diecisiete millones en 2007 (La Nación, 2013). A pesar de la denuncia, la causa fue desestimada por la justicia argentina tras un peritaje contable que concluyó que el incremento patrimonial tenía respaldo en las declaraciones juradas presentadas (Poder Judicial de la Nación, 2009). El juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner, argumentando que no existía delito alguno (Clarín, 2009).
En 2008, el patrimonio de los Kirchner alcanzó los cuarenta y tres millones de dólares, lo que motivó un nuevo sobreseimiento dictado por Oyarbide a finales de 2009 (La Nación, 2009). En ninguno de estos casos el fiscal Eduardo Taiano apeló las decisiones, lo que generó críticas sobre la falta de voluntad para profundizar la investigación. Finalmente, el 10 de agosto de 2012, la acción penal contra Cristina Fernández de Kirchner fue extinguida, alimentando aún más el debate sobre la eficacia del sistema judicial argentino frente a la corrupción de alto perfil (Infobae, 2012).
Dentro de esta red de corrupción se identificaron operaciones de lavado de dinero con conexiones internacionales. Un edificio en Bérgamo, Italia, ubicado en la Via Masone número cinco, fue señalado como parte del esquema, con la participación de Néstor Marcelo Ramos, un financista acusado de blanqueo, y Aldo Ventola, un abogado clave en la estructura. Se estima que Lázaro Báez blanqueó al menos treinta millones de dólares a través de Ramos, mientras que otros catorce millones y medio de euros estarían vinculados a fondos de PDVSA (Times of Malta, 2020).
La Autoridad de Servicios Financieros de Malta emitió un informe en septiembre de 2020 que detalla cómo Ramos y Ventola habrían utilizado un fondo de inversión maltés para canalizar dinero de exfuncionarios chavistas y la petrolera estatal venezolana. En 2017, el juez Sebastián Casanello solicitó la extradición de Ramos en el marco de la causa «ruta del dinero K» (La Nación, 2017). Esta investigación se expandió a Estados Unidos en 2016, cuando se inició la operación «Money Flight» tras una denuncia anónima sobre el lavado de mil doscientos millones de dólares vinculados a PDVSA (U.S. Department of Justice, 2018).
En 2018, la operación «Carabela» resultó en múltiples allanamientos y la detención de Luis Fernando Vuteff. Se embargaron ciento quince propiedades en España, valoradas en aproximadamente sesenta millones de euros (El País, 2018). Vuteff también habría invertido al menos tres millones de dólares en Argentina entre 2015 y 2018, destinándolos a propiedades y vehículos de lujo, además de realizar transacciones por más de un millón de dólares en el mercado cambiario durante el mismo período.
Tanto Néstor como Cristina Kirchner han sido señalados por su relación con Lázaro Báez y el esquema de lavado de dinero que lideró. Durante su mandato (2003-2007), Néstor Kirchner impulsó políticas de recuperación económica y derechos humanos, mientras que Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) continuó esa línea, pero enfrentó múltiples acusaciones de corrupción y conflictos políticos. Ambos han sido objeto de diversas investigaciones en Argentina y en el extranjero (BBC News, 2019).
Las investigaciones en Malta, España y Estados Unidos refuerzan la conexión de los Kirchner con una trama internacional de corrupción y blanqueo de capitales. Como resultado, el Departamento de Estado prohibió la entrada de Cristina Fernández de Kirchner y su familia a Estados Unidos, enviando un mensaje contundente sobre la lucha contra la corrupción y las alianzas cuestionables (U.S. Department of State, 2023).
Si bien Fernández de Kirchner ha calificado estas medidas como persecución política, la creciente evidencia y la coordinación de investigaciones en múltiples países sugieren que las acciones de la administración estadounidense responden a motivos fundamentados. La evolución de este caso seguirá siendo clave para la política regional y la lucha contra la corrupción transnacional (Reuters, 2023).
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
