R&K Enterprises Inc. (R&K), una compañía con sede en Newport News, Virginia, ha aceptado pagar más de $2,6 millones para resolver acusaciones bajo la Ley de Reclamos Falsos y el derecho consuetudinario. Las autoridades sostienen que la empresa obtuvo de manera fraudulenta contratos reservados para pequeñas empresas, pese a no cumplir con los estándares requeridos por el programa federal destinado a fomentar la competencia justa entre empresas de menor tamaño.
La maniobra fraudulenta
Según la investigación, R&K declaró falsamente ser una pequeña empresa elegible para el Contrato de Solución de Adquisición Única para Servicios Integrados de Pequeñas Empresas (One Acquisition Solution for Integrated Services Small Business Pool 1 Contract). Este estándar exige que las empresas cumplan con un límite de ingresos promedio en los tres años previos a la oferta, algo que R&K no cumplía.
Para aparentar elegibilidad, R&K presuntamente novó un contrato con K&P Management Inc. (K&P) y aseguró que ambas empresas no estaban afiliadas. Sin embargo, las autoridades argumentan que existía una clara afiliación entre las compañías, basada en múltiples factores:
- La esposa del propietario de R&K era la dueña de K&P.
- Todos los ingresos reportados por K&P provenían de contratos gestionados por R&K.
- Ambas empresas compartían ejecutivos y recursos.
- R&K ejercía control directo sobre las operaciones de K&P.
Como resultado, el gobierno sostiene que R&K debía incluir los ingresos de K&P en el cálculo para determinar si cumplía con los requisitos del programa.
Impacto en la comunidad de pequeñas empresas
El Subprocurador General Adjunto Principal, Brian M. Boynton, señaló que este tipo de acciones perjudican gravemente a las pequeñas empresas que dependen de estos programas para competir en igualdad de condiciones. «Cuando empresas no elegibles obtienen fraudulentamente contratos reservados para pequeñas empresas, privan a la comunidad de pequeñas empresas de las oportunidades que el Congreso pretendía garantizar», afirmó.
Por su parte, Jessica D. Aber, fiscal federal para el Distrito Este de Virginia, destacó la importancia de investigar y erradicar estas prácticas. «Mi oficina está comprometida a identificar, investigar y erradicar los intentos de explotar programas diseñados para proteger la competencia justa», declaró.
Una investigación interinstitucional
La resolución de este caso es resultado de una investigación conjunta entre la División Civil del Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General de la Administración de Servicios Generales (GSA), la Administración de Pequeñas Empresas, y la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte.
La investigación fue liderada por la abogada litigante Danielle Rowan de la División Civil del Departamento de Justicia y la fiscal federal adjunta Clare Wuerker para el Distrito Este de Virginia.
Repercusiones legales y económicas
Aunque R&K ha aceptado el acuerdo de $2,6 millones, las acusaciones aún no han sido confirmadas como responsabilidad legal, según lo indica la Ley de Reclamos Falsos. Este acuerdo destaca el compromiso del gobierno de proteger los programas destinados a apoyar a las pequeñas empresas, asegurando que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y justa.
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