El 10 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a nueve individuos y 26 compañías ubicadas en Veracruz por participar en una red dedicada al robo y comercialización de combustible, conocida como huachicoleo, asociada al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según el informe oficial, estas actividades proporcionaron «decenas de millones de dólares» al CJNG, dinero que ha sido utilizado para financiar el tráfico de fentanilo y otras drogas peligrosas hacia Estados Unidos, contribuyendo a la crisis de opioides en ese país. Entre los sancionados se encuentran Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, y su hermano César Cazarín Molina, alias “Tornado”, ambos miembros clave del CJNG y cercanos al líder Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.
El combustible robado por la red de Cazarín Molina se almacenaba en áreas cercanas a Veracruz, desde donde se distribuía a través de gasolineras aparentemente legítimas o era enviado a terceros para su venta en Texas y algunos países de Centroamérica, de acuerdo con la OFAC. El robo de combustible es descrito por el Departamento del Tesoro como la actividad no relacionada con drogas más lucrativa para el CJNG. Esta actividad genera pérdidas significativas para Petróleos Mexicanos (PEMEX), que reportó 14,890 tomas clandestinas y una pérdida de más de mil millones de dólares en 2023.
A pesar de las sanciones, el huachicoleo sigue profundamente arraigado en la vida cotidiana en México, siendo comparado con la compra de productos pirata, según David Saucedo, analista político y consultor en seguridad. Además, el CJNG utiliza esta fuente de ingresos para fortalecer otras actividades ilícitas, renovando sus técnicas para mejorar la eficiencia en la comercialización del combustible robado. Aunque estas sanciones podrían aumentar la presión sobre estas economías delictivas, su impacto es limitado, según expertos en seguridad.
Fuente y créditos
Insight Crime
