Con 219 votos a favor y 184 en contra, la medida fue respaldada principalmente por republicanos, mientras que los demócratas manifestaron preocupación sobre su posible mal uso bajo una eventual segunda administración de Donald Trump. Este proyecto también podría generar implicaciones para universidades, medios de comunicación y otros grupos que podrían ser considerados opositores por futuros gobiernos.
El congresista Jason Smith, presidente de la Comisión de Recursos y Arbitrios, defendió la propuesta argumentando que busca evitar que los impuestos de los ciudadanos subsidien actividades relacionadas con el terrorismo. Por su parte, la congresista Pramila Jayapal calificó el proyecto como una «herramienta autoritaria» para silenciar voces disidentes.
El texto plantea la creación de una categoría denominada “organizaciones que apoyan el terrorismo” para entidades que hayan brindado respaldo material a grupos terroristas en los últimos tres años. Sin embargo, los críticos han señalado que ya existen leyes que penalizan dicho apoyo, lo que convierte esta propuesta en redundante y potencialmente peligrosa.
El proyecto establece que las entidades señaladas tendrán 90 días para apelar su designación, pero organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles y el Consejo de Fundaciones han advertido que la medida carece de garantías suficientes para un debido proceso. Además, advierten que las designaciones podrían dañar irreversiblemente la reputación de las entidades afectadas. El destino de la propuesta ahora está en manos del Senado, controlado por los demócratas, donde su futuro está incierto.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
