La Policía Nacional, a través de la División Regional de Inteligencia, investiga la posible existencia de una organización criminal denominada “Los Verdes de Mórrope”, presuntamente liderada por José Arístides Santamaría Valdera, alias “Cruceñito”. Según el informe policial, al que tuvo acceso Diario Correo, esta supuesta mafia se habría instalado de manera irregular en la comunidad campesina del distrito de Mórrope.
Los informes señalan que la organización se dedicaría a la extracción ilegal de yeso y otros minerales, los cuales serían enviados al vecino país de Ecuador. El cabecilla de la red, Santamaría Valdera, contaría con el apoyo de Elmer Barrios Llontop, alias “Tontin”, quien se autodenomina presidente de la comunidad campesina de Mórrope.
Una fuente confidencial reveló que entre los integrantes de la organización se encuentran Nery Sandoval Valdera, alias “Botija”, quien se encargaría de supervisar las entregas de dinero provenientes de las actividades ilícitas, y Humberto Llauce Morales, alias “Registrador”, responsable de gestionar la documentación ante Registros Públicos y de sobornar a registradores en Chiclayo y Arequipa.
Asimismo, los abogados Wilson Cajusol Santisteban y José Antero Yarlaqué Bances estarían involucrados como el «brazo legal» de la organización. Por otro lado, Antoni Aramburu Herrera, alias “Colla”, habría asumido el rol de «brazo armado», encargado de movilizar armas para intimidar a los miembros de la comunidad y a quienes intenten asumir el cargo de presidente comunero mediante mandato judicial.
El informe también menciona a tres periodistas: Dany Canales Rivas, alias “Paojilo”, Luis Seclén Suárez, alias “Buitro”, e Hilario Antón Cevallos, alias “Gargamel”, quienes, según las investigaciones, habrían manipulado la información de la comunidad campesina para favorecer a los directivos ilegítimos, recibiendo pagos sustanciales a cambio.
Por último, los suboficiales de la PNP Jorge Fernando Ventura Coronado y César Hernández Cisneros también estarían implicados, informando a la red criminal sobre cualquier mandato judicial que pudiera desalojar al presidente de la comunidad, quien ocupa el cargo de manera irregular.
Ayer, se esperaba la ejecución de un fallo judicial para desalojar al presidente comunero, lo que habría llevado a “Colla” a movilizar a un grupo armado para impedir la acción. Paralelamente, Elmer Barrios, el cuestionado presidente de la comunidad campesina San Pedro de Mórrope, denunció que un hombre encapuchado disparó contra su camioneta y que ha recibido mensajes extorsivos exigiendo S/ 40,000 para no atentar contra su vida. Ante esta situación, Barrios solicitó protección para él y su familia en la Prefectura Regional.
Fuente y créditos
Diario Correo
