Rudy Joya, abogado de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), explicó que la acusación incluye a legisladores del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes respaldan a NI en el Congreso. «No hemos visto claridad en cómo se gestionan estos fondos públicos ni quiénes han sido contratados», afirmó Joya.
Documentos filtrados por un grupo de activistas digitales señalan que congresistas oficialistas habrían contratado a personas con perfiles como creadores de contenido, youtubers, exfutbolistas, entre otros, lo que genera cuestionamientos sobre sus funciones en la Asamblea Legislativa. Ante esta situación, UNIDEHC y la asociación Bloque de Resistencia Popular (BRP) formalizaron la denuncia para que el TEG investigue y haga públicos los detalles de las contrataciones.
Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC, destacó que, pese a la reducción de escaños en el Congreso de 84 a 60, el presupuesto legislativo pasó de 34 millones de dólares en 2023 a 35 millones. Según Cruz, el 90% de los decretos aprobados por la Asamblea provienen del Ejecutivo y no son evaluados antes de su aprobación, lo que calificó como «un despilfarro de fondos públicos» agravado por la reserva de información financiera.
En una cadena nacional a inicios de julio de 2024, Bukele informó que cada legislador tendría un presupuesto individual de 11.000 dólares para gastos.
Fuente y créditos
msn
