Además, Troyer y TMI deberán abonar 195.746 dólares adicionales al estado de Carolina del Norte, el cual financió parcialmente las reclamaciones presentadas a través del programa Medicaid. Tanto Troyer como su clínica se comprometieron a cooperar con las investigaciones del Departamento de Justicia para identificar a otros implicados en el esquema.
“El pago de sobornos a proveedores de atención médica puede poner en riesgo la integridad de los programas financiados por los contribuyentes y afectar las decisiones médicas”, expresó Brian M. Boynton, fiscal general adjunto a cargo de la División Civil del Departamento de Justicia. “Continuaremos actuando contra quienes ofrezcan o reciban incentivos ilegales, incluidos aquellos relacionados con pruebas de laboratorio”.
La Ley Antisoborno prohíbe la oferta, pago, solicitud o aceptación de compensaciones con el fin de inducir la derivación de servicios o productos cubiertos por Medicare, Medicaid, TRICARE y otros programas de salud federales. Esta ley busca que las decisiones de los proveedores médicos se tomen en función del bienestar del paciente y no por motivaciones financieras indebidas.
El acuerdo anunciado hoy resuelve acusaciones que señalan que entre agosto de 2015 y noviembre de 2021, Troyer y su clínica habrían recibido sobornos de un laboratorio en Anderson, Carolina del Sur, a cambio de referir pacientes a dicho laboratorio. Los sobornos habrían sido disfrazados como pagos por supuestos servicios de flebotomía, alquiler de espacio y arrendamiento de equipo de análisis químico, lo que resultó en la presentación de reclamaciones fraudulentas a Medicare, Medicaid y TRICARE, en violación de la Ley de Reclamaciones Falsas.
“La confianza de los pacientes en sus proveedores de salud debe estar basada en su bienestar, no en los beneficios económicos del proveedor”, comentó Adair Ford Boroughs, fiscal federal para el Distrito de Carolina del Sur. “Seguiremos responsabilizando a quienes comprometan la integridad del sistema de salud mediante sobornos”.
Por su parte, Steve Jensen, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Columbia, aseguró: “Esta resolución refleja el compromiso del FBI en abordar las violaciones que socavan la confianza pública en los sistemas de salud. Junto con nuestros socios, seguiremos trabajando para garantizar que los profesionales de la salud mantengan estándares éticos”.
Tamala E. Miles, agente especial a cargo del HHS-OIG, añadió que «los sobornos destinados a influir en las decisiones médicas seguirán siendo un área prioritaria de investigación para nuestra agencia. Nos enfocamos en proteger la integridad de los programas de salud financiados por los contribuyentes y evitar que estos esquemas afecten las decisiones médicas”.
Finalmente, Christopher Dillard, del Servicio de Investigación Criminal de Defensa del Departamento de Defensa, subrayó: “Las relaciones financieras inadecuadas entre médicos y laboratorios socavan tanto la atención médica como la confianza de los pacientes. El DCIS seguirá actuando contra aquellos que se beneficien ilegalmente a costa del bienestar de nuestros combatientes y del contribuyente”.
Este acuerdo es fruto de la colaboración entre la Sección de Fraude de la División Civil, la Fiscalía de los Estados Unidos en Carolina del Sur y varias agencias, incluyendo el HHS-OIG, el FBI, el DCIS y la División de Investigaciones de Medicaid del Fiscal General de Carolina del Norte. El caso fue liderado por el abogado Christopher Terranova y la fiscal adjunta Beth C. Warren. Previamente, otros médicos de Carolina del Sur, Carolina del Norte y Texas también enfrentaron acusaciones similares por su relación con este laboratorio.
El gobierno continúa priorizando la lucha contra el fraude en el sistema de salud, utilizando la Ley de Reclamaciones Falsas como una herramienta clave. Las denuncias sobre posibles fraudes pueden ser reportadas al HHS llamando al 1-800-HHS-TIPS (800-447-8477).
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
