La segunda sala del Tribunal de Apelación en lo Penal reafirmó la decisión tomada el 20 de febrero en el caso denunciado en 2011 por Carlos Ernesto Casco, Luis Alberto Casco y Teresa Aguilera de Casco, quien falleció hace dos años, por hechos de tortura que se remontan a 1976.
En un comunicado, el Ministerio Público subrayó la oposición de la fiscal Sonia Sanguinés, de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, a la apelación presentada por la defensa de Torres, argumentando que “la sentencia dictada en primera instancia fue acorde a la ley”.
Los magistrados Bibiana Benítez, Delio Vera y Arnulfo Arias señalaron que durante el juicio público quedó “demostrada” la existencia de tortura y la implicación del excomisario.
Los jueces afirmaron que la resolución del Tribunal de Sentencia se basa en principios fundamentales de Derechos Humanos que protegen a la ciudadanía, principios que están contemplados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales ratificados por Paraguay.
La sentencia de febrero anunció que, debido a la avanzada edad y las condiciones de salud de Torres, cumplirá su condena en arresto domiciliario, con la posibilidad de salir en caso de emergencias médicas.
Torres fue parte del Departamento de Investigaciones de la Policía, el cual, bajo el mando de Pastor Coronel, se convirtió en la principal herramienta de represión del régimen stronista en 1968. Según el documento ‘Ventanas abiertas’, elaborado en 2023 por la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), este departamento se encargaba de recolectar información obtenida a través de torturas y espionaje.
Un informe de la Comisión de Verdad y Justicia, divulgado en 2008, reveló que la dictadura dejó a su paso 20.090 víctimas directas de violaciones a los derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecuciones extrajudiciales y 3.470 personas que se exiliaron.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
