Condenan a Esteban Alvarado por lavado de dinero; sus bienes y empresas pasan al Estado

Esteban Alvarado ha sido sentenciado a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por su carácter de miembro de una organización criminal.

El Tribunal Oral en lo Penal Federal Nº2 de Rosario, conformado por la jueza Elena Beatriz Dilario y los jueces Eduardo Rodrigues da Cruz y Román Pablo Lanzón, dictaminó el veredicto que incluye el decomiso de bienes y empresas en beneficio del Estado nacional.

Alvarado, conocido por liderar una organización de narcotráfico, ya acumulaba penas por delitos anteriores, incluyendo una sentencia a 15 años por dirigir el transporte de 500 kilos de marihuana y una condena a cadena perpetua por instigar el homicidio de Lucio Maldonado. Además, la sentencia actual impone a Alvarado una multa de 62.202.000 pesos.

Por su parte, Rosa Capuano, expareja de Alvarado, fue condenada a tres años de prisión efectiva como cómplice secundaria en el mismo delito y deberá pagar una multa equivalente. Asimismo, se ordenó el decomiso de ocho vehículos, incluyendo dos Toyota Hilux, un camión Sevel, un Scania, entre otros, y las acciones de seis empresas de transporte que estaban a nombre de Alvarado, cuyos activos serán transferidos al Estado.

La causa contra Alvarado se inició en 2015 tras una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procelac. Las investigaciones detectaron movimientos sospechosos en su patrimonio y maniobras que correspondían a operaciones de lavado de dinero. Según el fiscal Federico Reynares Solari, Alvarado operaba un “holding de empresas” cuyo propósito era dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas.

El fiscal también subrayó las inconsistencias en el patrimonio de Alvarado frente al flujo de ingresos de sus empresas, las cuales, aunque no estaban registradas a su nombre, él administraba exclusivamente. En su alegato, destacó la estructura financiera detrás de la organización, compuesta por empresas y activos que permitían ocultar el origen ilícito de los fondos.

Finalmente, el tribunal decidió que los bienes decomisados ​​se registraron a nombre del Estado a través del Ministerio Público Fiscal, y los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 7 de noviembre.

Fuente y créditos
La Capital

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