Esta estructura delincuencial estaba integrada por exjueces, colaboradores de juzgados especializados, policías y abogados, quienes ofrecían dinero y otros incentivos a fiscales y jueces de San Miguel con el fin de beneficiario a imputados. La investigación, denominada «Conexiones», comenzó en 2014 y permitió descubrir la participación de estos actores en actividades ilícitas.
El juicio más reciente, iniciado en septiembre del año pasado en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel, llevó a la condena de varios implicados, incluidos los abogados Elliot Abraham Asturias Umanzor, José Julián Flores Arias y Franklin Alexander Velásquez Zúniga, quienes recibió penas de 12 y 13 años de prisión por cohecho activo y tráfico de influencias. Estos últimos fueron juzgados en rebeldía.
Por otro lado, se condenó a Luis Edgardo Franco Arévalo, Jhon Robert Fuentes Hernández y Mirna Crissely Meléndez Guevara a 6 años de prisión por cohecho activo, aunque dos de ellos permanecen prófugos.
La pena más alta fue para Selvin René Vargas Almendarez, miembro de la Tribu La Unión, quien recibió 164 años de cárcel por cinco homicidios agravados y agrupaciones ilícitas. Entre sus crímenes destaca el asesinato de una adolescente de 13 años en mayo de 2013.
Asimismo, otros miembros de la pandilla, como Juan Andrés Manzano Bonilla, José Ángel Venegas y Milton Marín Cáceres, recibieron sentencias de entre 38 y 44 años de prisión por homicidio agravado y agrupaciones ilícitas. En otros casos, penas menores se dictaron por delitos como extorsión, cohecho activo y tráfico ilícito.
Con estas sentencias, la FGR ha resuelto múltiples delitos, incluyendo 16 homicidios agravados, casos de extorsión, tráfico ilícito, conspiración para cometer homicidios, y varios relacionados con corrupción judicial. Cabe recordar que las primeras condenas de este caso se lograron en 2017, cuando el líder nacional de la Pandilla 18, José Timoteo Mendoza, fue sentenciado a 932 años de prisión.
Además, los exjueces implicados en la red también fueron procesados en esa oportunidad, con penas de 4 a 19 años de cárcel por su participación en actividades ilícitas. Estas acciones demuestran el compromiso de la Fiscalía de combatir la corrupción y el crimen organizado en todas sus formas.
Fuente y créditos
Fiscalia.gob
