Cerca de un año después, los habitantes de Huanta, la segunda ciudad más grande de Ayacucho, reavivan un conflicto socioambiental debido a la falta de respuesta de las autoridades nacionales y regionales a su solicitud de anular las concesiones mineras de diversos tamaños, y por la inacción ante la presencia de mineros informales en la zona, de la cual depende su suministro de agua. La empresa estadounidense Newmont posee concesiones en el área, y una familia de Huanta realiza minería artesanal sin autorización, según declaraciones del gobernador regional Wilfredo Oscorima.
La protección de la cuenca de la cordillera del apu Razuhuillca es crucial para la economía de Huanta. Esta región, ubicada a 45 minutos de la ciudad, contiene cinco lagunas de agua dulce que alimentan ríos esenciales para el consumo humano y para el cultivo de paltas Hass y Fuerte para exportación. Además, estas lagunas son vitales para la crianza de truchas, llamas y ovejas en las zonas altas.
A principios de agosto, 15 mil habitantes de Huanta paralizaron la ciudad durante cuatro días y bloquearon todos los accesos en una firme demanda para que el gobierno central y regional expulsen a las compañías mineras que operan en la zona alta de la provincia. Este reclamo, según la Defensoría del Pueblo, ha sido persistente durante los últimos siete años. En marzo de 2018, cuatro mil pobladores de las comunidades de Luricocha, Chaca y Santillana en Huanta se unieron para rechazar la actividad minera en la cabecera de cuenca, iniciada en 2017. En esa ocasión, la empresa minera San Vicente de Putca, gestionada por la familia Figueroa Farfán, realizaba exploraciones en la zona.
La familia Figueroa es relevante en Huanta, con fuertes vínculos a la minería artesanal, contando con concesiones formales y otras en proceso de formalización, según el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). En 2020, se repitieron las protestas contra la empresa Golden Fox, también propiedad de la familia Figueroa, por realizar exploraciones en Ccano y Chaca, en las alturas de Huanta, sin permisos adecuados y contaminando fuentes de agua. La Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ayacucho detuvo sus operaciones, las cuales siguen suspendidas según el Reinfo. No obstante, la familia Figueroa aún mantiene derechos mineros activos.
Recientemente, en el contexto de las protestas de 2023, el gobernador Oscorima prometió excluir del Reinfo a dos empresas mineras vinculadas a los Figueroa, que operan en la cordillera de Razuhuillca sin autorización. Aunque Oscorima intentó calmar la situación, la población de Huanta mantuvo su postura, argumentando que el problema no solo radica en la minería artesanal, sino también en la gran y mediana minería permitida por el gobierno nacional.
Otra concesión importante en la zona es «Trinidad Morán 33», a cargo de la empresa Puma Ñahui Exploraciones Perú S.A.C., que opera en la laguna Qarqacocha en Huanta, extrayendo minerales como plata, plomo y zinc. A pesar de los esfuerzos del gobierno regional, las tensiones persisten.
Durante los cuatro días de paro, el Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, junto a la población urbana, lideró las manifestaciones. La protesta logró que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se comprometiera a crear una Comisión de Alto Nivel para abordar la demanda de prohibir toda actividad minera en la cordillera de Razuhuillca. Sin embargo, la resolución de este conflicto depende del Estado y del gobierno regional, según los líderes locales. Convoca.pe intentó obtener declaraciones de Newmont Perú y Puma Ñahui Exploraciones, pero no recibió respuesta.
Fuente y créditos
Convoca
