La operación, liderada por la Policía Federal, incluyó más de 20 allanamientos y el embargo de bienes en Santarém, Itaituba y Altamira, en el estado de Pará, así como en las ciudades de Río de Janeiro y Goiânia.
De acuerdo con un comunicado oficial, existen «sólidos indicios» de que el oro extraído ilegalmente proviene de yacimientos ubicados dentro y en los alrededores de la Tierra Indígena Munduruku, en Pará.
La investigación también reveló que los funcionarios detenidos recibieron sobornos durante meses para evitar sanciones y permitir la continuidad de los delitos ambientales en la reserva. Además, se descubrió que algunos de ellos colaboraron en la logística y seguridad del oro extraído, incluso utilizando vehículos oficiales durante su horario laboral.
Uno de los implicados cobraba un pago mensual de 4.000 reales (670 dólares) por su complicidad, según la Policía Federal. Por su parte, uno de los empresarios arrestados ya contaba con antecedentes de narcotráfico, intento de homicidio y uso de documentos falsificados.
Los acusados serán procesados por cargos de lavado de dinero, usurpación de bienes del Estado y pertenencia a una organización criminal.
La Tierra Indígena Munduruku, que abarca 2,4 millones de hectáreas y alberga a más de 9.000 indígenas, es una de las zonas más afectadas por actividades delictivas en Brasil. En respuesta, el Gobierno brasileño, en conjunto con las fuerzas de seguridad y organismos ambientales, ha intensificado las operaciones para combatir la minería ilegal en la región.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
