Según el documento, en estos cinco años se dictaron 91 sentencias condenatorias por este delito, concentrándose principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires. Además, se impusieron multas a personas físicas y jurídicas que alcanzaron un total de 350 millones de dólares.
El informe también destaca que Argentina logró mejorar su calificación en la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto a su lucha contra el lavado de activos. En octubre de 2024, el GAFI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevaron a cabo la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del país, donde analizaron el cumplimiento de los estándares internacionales en prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El resultado de la evaluación concluyó que Argentina ha fortalecido significativamente su marco normativo y operativo en la lucha contra estos delitos desde la última revisión realizada en 2010. Desde PROCELAC señalaron que el consenso alcanzado determina que el país no presenta deficiencias estratégicas que puedan representar un riesgo para el sistema financiero internacional.
Distribución de condenas por provincias y sanciones aplicadas
Las sentencias condenatorias analizadas en el informe fueron emitidas por tribunales federales de primera instancia entre enero de 2019 y el 26 de marzo de 2024. PROCELAC destacó que, si bien la mayor parte de las condenas se concentran en CABA y la provincia de Buenos Aires, también se registraron casos en Santa Fe, Corrientes, Chaco y Mendoza, así como en otras provincias como Salta, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y Tierra del Fuego.
Desde el organismo recordaron que el lavado de activos es un delito de competencia federal, según lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo «Olivetto» y ratificado en diversas causas. En este sentido, se subraya que el lavado de activos no se considera un mero encubrimiento agravado, sino un delito autónomo que atenta contra la integridad del sistema financiero.
El informe indica que un total de 336 personas fueron condenadas durante el período analizado. Además, se aclara que la legislación argentina prevé sanciones tanto para individuos como para entidades jurídicas, en los casos en que el delito haya sido cometido en su nombre, con su intervención o en su beneficio.
Para las personas jurídicas, las sanciones incluyen multas, suspensión parcial o total de actividades e incluso la cancelación de la personería jurídica. En el caso de personas físicas, las penas pueden ir desde seis meses hasta tres años de prisión, además de multas que oscilan entre cinco y veinte veces el monto de la operación.
Si bien la mayor parte de las sanciones fueron fijadas en pesos argentinos, también hubo casos en los que se impusieron en dólares. En total, las multas ascendieron a 350 millones de dólares en los cinco años evaluados, siendo 2021 el año con la mayor recaudación, superando los 300 millones de dólares en sanciones por lavado de activos.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
