La ley fue promulgada este lunes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, tras ser aprobado por el Congreso en sesiones extraordinarias. Su principal objetivo es fortalecer la lucha contra el crimen organizada mediante penas más severas y estrategias más efectivas para su desarticulación.
En su primer capítulo, la legislación define como organización criminal a cualquier grupo de tres o más personas que actúe de manera coordinada y continua con el fin de cometer delitos graves. Estas estructuras deben operar en zonas específicas con métodos definidos, buscando obtener beneficios ilícitos o ejercer control mediante la intimidación.
El marco legal abarca delitos como corrupción , tráfico de drogas , trata de personas y otros crímenes de alto impacto. Además, introducir criterios específicos para determinar la vinculación de delitos con organizaciones criminales, incluyendo la repetición de ilícitos en ciertas áreas y el uso de la violencia para influir en autoridades o extender su dominio territorial.
Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es la posibilidad de declarar zonas geográficas bajo investigación especial , lo que permite a las fuerzas de seguridad federales y provinciales coordinar operativos con la justicia para intervenir de manera más efectiva. También se autoriza la intercepción de comunicaciones y la confiscación de bienes ligados a actividades ilícitas.
Además, la reforma al Código Penal soporta las penas para quienes participan o colaboran con organizaciones criminales, estableciendo condenas que oscilan entre ocho y veinte años de prisión en delitos de gran magnitud como el narcotráfico y la trata de personas .
Otro punto clave es la implementación del decomiso anticipado , permitiendo al Estado incautar bienes de personas implicadas en estos delitos incluso antes de una condena. En caso de absolución, los bienes serán devueltos, garantizando así el derecho de propiedad.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
