Tras un retraso de más de 24 horas y luego del primer pronunciamiento público del presidente para controlar los daños, la Oficina del Presidente (OPRA) informó que la Oficina Anticorrupción, dirigida por el abogado Alejandro Melik, intervendrá para determinar si algún funcionario del Gobierno, incluido el propio mandatario, incurrió en una conducta indebida.
Melik había declarado en enero de 2024: «Seremos los primeros en denunciar cualquier acto de corrupción». Estas palabras cobraron relevancia tras la decisión del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, de retirar a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellantes en casos de corrupción y lavado de dinero.
El organismo aplicará el artículo 36 de la Constitución Nacional, que estipula la supervisión de la ética pública para la continuidad en el cargo.
La investigación se centrará en determinar si el presidente o algún funcionario violó la Ley de Ética Pública, que establece un marco de obligaciones y prohibiciones para todos los servidores públicos. Especialmente, se revisará el inciso G del artículo 2, que prohíbe el uso de instalaciones y recursos estatales para beneficio personal o de terceros en la promoción de productos o empresas.
Desde la Casa Rosada aseguran que la investigación traerá claridad y descartan un eventual juicio político promovido por Unión por la Patria en el Congreso. «Se debe esclarecer todo, pero no hay dolo ni funcionarios implicados en irregularidades», afirmaron fuentes oficiales.
En tanto, la Oficina Anticorrupción analizará el rol de cada involucrado en la operación, incluyendo al empresario Hayden Mark Davis, presunto responsable del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA; el CEO de KIP Protocol, Julián Peh; y el trader Mauricio Novelli. Los tres tienen vínculos con el mandatario y se han reunido en varias ocasiones.
La Unidad de Tareas de Investigación (UTI), integrada por organismos con competencia en criptoactivos, finanzas y lavado de dinero, también participará en el proceso. Se revisará especialmente la relación entre Davis y Kelsen Ventures, luego de que el empresario visitara la Casa Rosada el 30 de enero y se presentara recientemente como asesor del presidente en tecnología blockchain e inteligencia artificial.
La investigación también abarcará a Peh y KIP Protocol, con atención en un encuentro celebrado el 19 de octubre en el hotel Sheraton Libertador, donde estuvieron presentes el vocero presidencial, Manuel Adorni, y Novelli, quien figura frecuentemente en los registros de ingreso a la Quinta de Olivos.
El abogado constitucionalista Félix Lonigro consideró que el anuncio de la investigación responde más a una estrategia política que a una acción efectiva. «La Oficina Anticorrupción no es autónoma, por lo que dudo que su director tenga plena libertad para investigar», criticó. Además, instó a que la Justicia intervenga y sugirió que el Congreso forme una comisión para evaluar si el presidente incurrió en una falta grave. «Lo que hizo el presidente es serio», concluyó.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
