Entre 2020 y 2023, los implicados habrían recolectado dinero proveniente del tráfico de drogas en diferentes ciudades de Estados Unidos. Estos fondos eran convertidos en criptomonedas y transferidos a billeteras digitales bajo control de los acusados o sus colaboradores. Posteriormente, los activos digitales se transformaban nuevamente en efectivo, que era entregado a los líderes de cárteles en México y Colombia.
Los acusados incluyen ciudadanos de México, Colombia y Argentina, entre ellos Nilson Sneyder Vásquez Duarte, conocido como “Sobri”, señalado como el coordinador principal. Otros implicados, como María Eugenia Landeros Rosas y Hernán Horacio Richard Samper, actuaron como intermediarios. Además, mensajeros como Sergio Fernando Vargas Álvarez y Juan Carlos Riaño Muentes transportaron básicamente el dinero entre ciudades estadounidenses.
El caso resalta cómo las criptomonedas facilitan el lavado de dinero, al ofrecer transacciones rápidas y un alto nivel de anonimato. Según las autoridades, redes criminales como las involucradas cobran comisiones cercanas al 10% para convertir dinero en efectivo en activos digitales. Este método es utilizado por organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que gestionan criptomonedas como Bitcoin y Ethereum a través de billeteras digitales en diferentes países.
La investigación fue liderada por el Departamento de Justicia de EE.UU. UU. con apoyo de Homeland Security Investigations (HSI) y otras agencias, bajo la iniciativa OCDETF, que busca desarticular redes criminales transnacionales.
Aunque las criptomonedas tienen usos legítimos en Múltiples industrias, este caso pone de manifiesto la necesidad de medidas regulatorias más robustas para evitar su explotación por parte de organizaciones delictivas. Las autoridades enfrentan importantes desafíos para rastrear estas operaciones, que combinan el narcotráfico con la economía digital.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
