Los acusados enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos y violación de deberes de funcionarios, debido a la contratación de supuestos servicios con empresas y ONG’s, los cuales nunca fueron ejecutados conforme a los acuerdos establecidos en los contratos.
Entre los implicados figuran exfuncionarios del PRAF, incluyendo Ángel Orlando Paz Alvarenga, exgerente administrativo; Raúl Enrique Salgado Zelaya, exjefe del Bono Juvenil; y Sandra Elizabeth Solano Aguirre, exjefa del Programa de Mujer. Además, también están acusados representantes legales de empresas y ONG vinculadas a los contratos, como Rodolfo Guillermo Martínez Contreras, Armando José Rivera Marroquín, Francisco José Rojas Padgett, José Roberto Hernández Molina, Gustavo Nieto Gálvez, Lorena Lizeth Montalbán y Karen Esther Matute Gómez.
Las autoridades han solicitado la emisión de órdenes de captura a nivel nacional e internacional, así como la activación de alertas migratorias y la programación de la audiencia inicial para el proceso judicial.
Fuente y créditos
El Heraldo
