Bajo el nombre de Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, esta iniciativa busca promover alianzas estratégicas y movilizar recursos. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales: proteger a las comunidades vulnerables, reforzar las instituciones de seguridad y justicia, y disminuir los mercados ilícitos junto con los flujos financieros ilegales.
Impulsada por el BID, la alianza reúne a gobiernos, organizaciones multilaterales y representantes de la sociedad civil. Los países participantes son: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.
Entre las organizaciones involucradas se encuentran la Organización de los Estados Americanos (OEA), Interpol, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial y la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) de Italia.
Un reciente estudio del BID destaca que el crimen y la violencia tienen un impacto significativo en el desarrollo social y económico de la región. En 2022, los costos directos relacionados con la criminalidad representaron el 3,44% del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe, una cifra que se mantiene similar a la de un análisis realizado en 2017. Este monto equivale al 78% del gasto público en educación y es 12 veces mayor que el presupuesto destinado a investigación y desarrollo.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también señaló en un informe que la delincuencia y la inseguridad son «grandes barreras para el desarrollo» de la región. Aunque América Latina y el Caribe albergan solo el 8% de la población mundial, concentran un tercio de los homicidios globales.
Según el FMI, cuando los homicidios aumentan un 10% en una localidad, la actividad económica de ese lugar puede reducirse hasta en un 4%. Además, el estudio señala que factores como el crecimiento económico negativo, la alta inflación y la desigualdad contribuyen al incremento de los homicidios.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
