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El país centroamericano de Guatemala es uno de los 51 estados miembros que fundaron la Organización de las Naciones Unidas “ONU”; por lo anterior, este estado se encuentra comprometido con implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de dicha organización y, a su vez aplicar las sanciones financieras en materia de lavado de dinero.
La protección de los datos personales se ha convertido en una prioridad tanto para las empresas, como para los individuos de todo el mundo. En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) establece un marco legal para garantizar que la información personal sea manejada de manera responsable y segura.
En el mundo actual, asegurar que una empresa cumpla con todas las leyes y regulaciones es crucial, sin embargo, lograrlo no es tarea fácil. Lo anterior debido a que las reglas cambian constantemente y cada vez se vuelven más complejas, lo que puede dificultar que las empresas se mantengan al día. Además, implementar los programas de cumplimiento normativo puede encontrar resistencia dentro de la propia organización, ya sea por falta de conocimiento o por la renuencia al cambio.
El contexto político no solo ejerce influencia sobre quienes ocupan cargos públicos, sino también sobre un segmento menos visible pero igualmente importante de la sociedad: las personas expuestas políticamente. Este término abarca a individuos cuyas vidas están vinculadas al ámbito político debido a sus relaciones personales, laborales o familiares con figuras públicas o instituciones gubernamentales.

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En el contexto empresarial colombiano, el control y monitoreo de las Políticas de Cumplimiento y el Programa de Transparencia de Ética Empresarial (PTEE) son esenciales para garantizar la integridad y transparencia en las operaciones de las empresas.
El 26 de junio de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió la Circular Externa 001 de 2024, en la que regula aspectos clave de la Ley 2300 de 2023, conocida como la "Ley Dejen de Fregar". Esta normativa establece la competencia de la SIC para supervisar y controlar el tratamiento de datos personales realizado por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera, especialmente en actividades de prospección comercial, gestiones de cobranza y publicidad. Además, la SIC detalla las obligaciones que deben cumplir los proveedores y productores de bienes y servicios en relación con las comunicaciones a los consumidores, reforzando la protección del derecho fundamental de habeas data.
En el panorama regulatorio actual, las empresas enfrentan crecientes exigencias para cumplir con normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos. En Colombia, los sujetos obligados por los sistemas SAGRILAFT, SARLAFT 2.0 y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) deben implementar controles eficaces para prevenir estas amenazas.
El delito de omisión del agente retenedor se encuentra tipificado en el artículo 402 del Código Penal Colombiano dentro de los delitos contra la administración pública, al encontrarse dentro de esta categoría automáticamente pasa a denominarse un delito fuente de lavado de activos, los cuáles son aquellas actividades que pueden generar la obtención de recursos de carácter ilegal.
El país centroamericano de Guatemala es uno de los 51 estados miembros que fundaron la Organización de las Naciones Unidas “ONU”; por lo anterior, este estado se encuentra comprometido con implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de dicha organización y, a su vez aplicar las sanciones financieras en materia de lavado de dinero.
En el entorno empresarial, un sistema de gestión de riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) es un pilar fundamental para asegurar la transparencia y la sostenibilidad de las operaciones.
Uno de los fenómenos emergentes del futuro en la tecnología mundial es la Inteligencia Artificial o también conocida como IA, se ha convertido en una realidad palpable que transforma nuestro día a día.
Empecemos por considerar que, en un mundo cada vez más digitalizado y en constante evolución, las criptomonedas han emergido como una fuerza disruptiva en el panorama financiero global; donde su creciente popularidad y adopción ha traído consigo una serie de desafíos regulatorios y éticos que afectan a las organizaciones en términos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos.

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